La Procuraduría General de la Nación destacó este viernes que se haya descubierto el ‘Cartel de los Hospitales’, conformado por funcionarios, abogados y jueces, tras sus denuncias sobre casos de cobros coactivos ilegales en diferentes Empresas Sociales del Estado –ESES- del país.
El ente disciplinario indicó que se descubrió un entramado de corrupción en el que “funcionarios, abogados y jueces que, de formas ilegales, se apropiaban de recursos públicos destinados a la salud”.
Los casos denunciados por la Procuraduría fueron remitidos desde el año 2023 a la Fiscalía General de la Nación, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y al operador disciplinario.
“Los representantes legales de las ESE, así como algunos jueces de la república, habrían ordenado y ejecutado medidas de embargo, en algunos casos, con un procedimiento administrativo no procedente, y en todos los casos, contra los recursos públicos de la seguridad social en salud, que gozan de carácter inembargable, salvo las excepciones establecidas por la Corte Constitucional”, detalló el ente.
El seguimiento del Ministerio Público permitió el inició una investigación por parte de la Fiscalía y el grupo contra la corrupción de la Dijin, en colaboración con la Policía, frente a la evidencia de procesos de cobro coactivo que habrían sido adelantados contra disposiciones constitucionales y legales.
“Fue puesta a disposición de las autoridades la información sobre la conformación de un cartel de abogados que, a través de asesorías a representantes legales de las Empresas Sociales del Estado, se remuneran hasta con el 30 % de los recursos parafiscales recaudados ilegalmente y que tienen destinación exclusiva a salud y que por tanto no podrían destinarse a tal fin”, sostuvo la Procuraduría en un comunicado.
Añadió que la alerta frente a que jueces y representantes legales estaban haciendo caso omiso de lo establecido en la ley, habrían iniciado trámites y medidas de embargo, emitiendo providencias o actos administrativos que ordenan el embargo de multimillonarios recursos administrados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la ADRES, también fue denunciado por el ente de control.
“Así mismo, se alertó a la Superintendencia Financiera de Colombia, a efectos de que instruyera a sus vigilados, lo cual efectivamente se dio mediante la Circular 052 de 2024”, anunció el ente.
