Esta alianza técnica y social cuenta con una inversión de 106 mil dólares por parte de la ONG internacional y aportes en especie de la Corporación.
Se proyecta la recategorización del área protegida en dos categorías: un Parque Natural Regional y un Distrito Regional de Manejo Integrado.
La Reserva tiene una extensión de 30.075 hectáreas distribuidas en los municipios de Andes, Ciudad Bolívar y Betania.
En un paso definitivo para blindar los ecosistemas de páramo y bosque altoandino, Corantioquia y la organización Nature and Culture International (NCI) firmaron un acuerdo de voluntades para avanzar en la recategorización de la Reserva Forestal Protectora Regional Farallones del Citará.
Esta cooperación estratégica dotará a la región de herramientas de gestión más eficaces para ordenar las actividades y mejorar la gobernanza en el territorio.
Declarada inicialmente por Corantioquia mediante el Acuerdo 299 de 2008, la Reserva cuenta actualmente con una extensión de 30.075 hectáreas distribuidas en los municipios de Andes (13.933 ha), Ciudad Bolívar (7.156 ha) y Betania (8.986 ha). El área resguarda el nacimiento de ocho microcuencas abastecedoras clave para la región y es el hábitat de especies sombrilla y endémicas en peligro como el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), el loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) y el gallito de roca (Rupicola peruvianus).
Este proceso tiene como propósito construir el marco de acción necesario para avanzar hacia una nueva configuración basada en dos figuras de conservación complementarias:
Un Parque Natural Regional (PNR), que agrupe las áreas de mayor nivel de conservación, caracterizadas por fuertes escarpes, alta naturalidad y la presencia de ecosistemas estratégicos como bosques altoandinos, subpáramos y páramos.
Un Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI), concebido como una sola figura circundante al PNR, que tenga en cuenta la distribución real de las actividades productivas y de ocupación histórica del territorio.
El director de Nature and Culture International, Renzo Paladines, afirmó:
«Nuestra misión es apoyar estas iniciativas locales y de gobiernos subnacionales, en este caso las corporaciones ambientales, para proteger la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como el agua, que es un elemento crítico para el desarrollo de las comunidades. Retomamos la relación con la recategorización de Farallones de Citará con la expectativa de continuar en otras áreas; el objetivo no es solo la creación, sino también apoyar las acciones de manejo y cuidado del territorio».
Por su parte, la directora general de Corantioquia, Liliana María Taborda González, destacó: «Reafirmamos nuestro compromiso con la protección y el cuidado de nuestras áreas protegidas, de manera muy especial con la Reserva Forestal Protectora Farallones del Citará. Con esta firma lograremos realizar estudios valiosísimos que nos permitirán hacer los ajustes necesarios a través de una nueva categorización. Este proceso marcará un hito importante para conservar el recurso boscoso, las fuentes hídricas, la fauna y, en especial, para el bienestar de todos los ciudadanos que habitan la Reserva».
Para materializar esta transición, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, NCI aportará 106 mil dólares destinados a financiar los estudios técnicos, análisis biofísicos y los procesos participativos. Por su parte, Corantioquia participará con recursos en especie, brindando acompañamiento técnico institucional y facilitando el acceso a la información predial, técnica y normativa disponible.
El proceso incorporará un componente participativo amplio, que incluirá a comunidades locales, autoridades municipales, actores productivos y organizaciones sociales del territorio. De manera especial, Corantioquia reconoce la presencia de comunidades indígenas en el área de influencia de la actual reserva y la necesidad de garantizar plenamente sus derechos.
Esta alianza representa un paso definitivo de Corantioquia hacia la protección del recurso hídrico, así como la conservación de los ecosistemas altoandinos y de las áreas naturales estratégicas. Con esto, se garantiza su protección a largo plazo y se promueve un manejo ambientalmente responsable en los sectores donde se desarrollan actividades humanas, bajo principios de sostenibilidad, participación y respeto por los derechos de las comunidades.
