La Contraloría General de la Nación dio a conocer que tras auditar los estados financieros del Departamento de Prosperidad Social (DPS) de 2023 estableció 21 hallazgos administrativos, de los cuales 17 tienen presunta incidencia disciplinaria.
Además, 10 tendrían incidencia fiscal por $108.869.283.650 y la ente de control también solicitó dos aperturas de indagación preliminar por $46.717.108.000.
Recordó la Contraloría que la asignación presupuestal de 2023 para el DPS era de $9.8 billones para 18 proyectos de inversión, pero solo se ejecutó el 85%, por lo que se presentó una pérdida de apropiación en la vigencia auditada de $1.459.369.495.179.
En el informe se estableció que Prosperidad Social presenta una insuficiente gestión del presupuesto, además, que en esta entidad se reveló que en los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Compensación del IVA y Colombia Mayor hay beneficiarios sin derecho a estos subsidios o que ya han fallecido.
Y puntualmente sobre Jóvenes en Acción la Contraloría solo contempló criterios de focalización y no de permanencia en el programa, por lo que se permite «perpetuar en el tiempo el pago de beneficios a jóvenes cuyos ingresos superan los índices de pobreza establecidos por el DANE en la vigencia 2023».
