La gerente departamental de la Contraloría General en el Magdalena, Mildreth Armenta Muegues, reconoció que el acueducto del corregimiento de Doña María, en Fundación, es una obra inconclusa que ha costado más de $4.400 millones de pesos y que no presta servicio alguno.
Sin embargo, en un oficio fechado el 24 de enero de 2025 (radicado 2025-337937-80474-IN), la funcionaria argumentó que el caso no puede ser investigado por la entidad debido a “requisitos técnicos” establecidos en la Resolución 027 de 2019.
La decisión que indignó a la comunidad
En su respuesta oficial, Armenta afirmó: “Para que una obra sea incluida en la estrategia nacional contra «elefantes blancos», debe contar con un avance físico y financiero mínimo del 70 % y no tener procesos judiciales en curso. En este caso, el proyecto no cumple con esos requisitos”.
La funcionaria también recordó que el expediente ya fue remitido a la Procuraduría General de la Nación, lo que impide, según ella, cualquier actuación directa de la Contraloría.
Líderes comunitarios señalan que esta posición constituye una traba que prolonga la impunidad y pone en riesgo la prescripción del caso.
Antecedentes del proyecto
El acueducto fue contratado con el representante legal de la firma ARCA, Luis Alfonso Negrete, y durante la administración del entonces alcalde Carlos Sierra Sánchez.
Pese a haber sido anunciado como la solución al desabastecimiento de agua, el sistema nunca ha funcionado y las familias siguen cargando agua en baldes y consumiendo líquido no tratado.
Indignación en la comunidad
Líderes comunitarios del corregimiento Doña María reaccionaron con molestia, calificando la postura de Armenta como “una excusa para no investigar” y advirtiendo que la dilación en la Procuraduría aumenta el riesgo de que el caso prescriba. “Reconocer que es una obra inconclusa y no actuar es burlarse de la comunidad”, expresó un vocero local.
Los habitantes del corregimiento, que llevan años esperando la solución al desabastecimiento de agua, continúan cargando el líquido en baldes y consumiendo agua de fuentes no tratadas.
Pese a la millonaria inversión, la infraestructura nunca entró en funcionamiento y, según los registros, su estado actual impide que cumpla con el objetivo para el que fue concebida.
Un caso que podría quedar impune
Con el traslado del expediente a la Procuraduría, la Contraloría se aparta del proceso, dejando en manos de otro organismo la eventual investigación disciplinaria. No obstante, expertos en control fiscal advierten que este tipo de decisiones, amparadas en tecnicismos, suelen favorecer la impunidad en obras inconclusas.
En Doña María, el sentimiento es unánime: la comunidad se siente abandonada por las instituciones que deberían velar por la correcta ejecución de los recursos públicos.
