La pena más alta que se le ha impuesto hasta ahora en Colombia a un extranjero por el delito de explotación sexual comercial de menores de edad se acaba de imponer contra un ciudadano estadounidense, en un caso relacionado con Medellín.
Thomas Michael Renno fue condenado a 30 años y 6 meses de prisión por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años agravado, y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales agravadas en concurso homogéneo y sucesivo.
Su modus operandi, según la argumentación que avaló un juez penal de conocimiento, consistía en localizar a niñas y adolescentes de Medellín a través de comunidades virtuales. Esa conducta le fue demostrada, según la Fiscalía, en cinco ocasiones en las que sus víctimas fueron menores de edad.
La investigación al respecto, por parte de los organismos de investigación, comenzó el 5 de septiembre de 2018, a partir de una alerta emanada de autoridades de Estados Unidos, la cual daba cuenta de un computador en Medellín utilizado para publicar contenido sexual explícito y ofrecer en diferentes aplicativos servicios íntimos con menores de edad.
Esta información señalaba que el responsable del ilícito era un hombre de 72 años que, desde San Francisco, California (EE. UU.) sostenía conversaciones vía internet y ofrecía dinero para concretar los encuentros íntimos.
Y si bien ese sujeto se identificaba en las redes sociales con diferentes perfiles, entre los que figuraban Tom Renno, Tom Rene y Tom Reinolds, los investigadores pudieron establecer que se trataba de quien en documentos oficiales del país norteamericano figuraba como Thomas Michael Renno.
También se logró determinar que ingresó en siete oportunidades a Colombia, entre mayo de 2017 y mayo de 2018, utilizando como ruta de llegada el aeropuerto José María Córdova de Rionegro (Antioquia) e instalándose en Medellín.
De la misma manera, los investigadores obtuvieron evidencias de cómo establecía contacto con las niñas y adolescentes a las que había ubicado previamente por internet para inducirlas a tener actos sexuales a cambio de una retribución económica.
Al ser la decisión que se produjo una sentencia en primera instancia, todavía proceden contra ella recursos legales.
