Se trata de una estrategia que podría impactar en uno de los componentes tarifarios de la factura de energía, sin embargo, su impacto podría ser limitado.
El Ministerio de Minas expidió un nuevo decreto con el que busca bajar las tarifas de energía eléctrica en todo el país.
La medida ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) a que establezca mecanismos para que las empresas generadoras de energía firmen contratos de largo plazo por, al menos, el 95% de su producción y así reducir a las empresas distribuidoras la dependencia a la compra de energía en bolsa, donde los precios fluctúan constantemente.
De acuerdo con lo que plantea el Gobierno, al garantizar al sector distribuidor la posibilidad de que tengan la mayoría de la energía contratada a largo plazo, las tarifas para los usuarios serían más estables y baratas.
Lo anterior por cuenta de un importante cambio que se haría en la manera de negociar la compra de la energía generada, pues normalmente solo entre el 60%y 70% se vendía a través de estos contratos de largo plazo y ahora sería casi la totalidad.
Habitualmente, el resto (40% o menos) quedaba expuesto a las fluctuaciones y los sobreprecios del mercado en bolsa en el que, por ejemplo, puede pagarse un kilovatio por $1000, mientras que un contrato a largo plazo podría costar cinco veces menos, es decir, $200.
No obstante, esta no es siempre la regla, pues por la naturaleza fluctuante del mercado, muchas veces puede conseguirse en bolsa una tarifa más favorable, especialmente en época de lluvias. Situación que es aprovechada por los agentes de mercado para disminuir gastos.
Precisamente, este es uno de los puntos que previamente fue objeto de críticas por parte de expertos, quienes insistieron en que esto podía limitar su capacidad de respuesta en momentos en lo que hubiese mejor tarifa en el mercado en bolsa.
