La caída de un hombre clave del régimen de Maduro revive cuestionamientos sobre antiguos vínculos legales en Colombia. ¿Qué h
La reciente recaptura de Alex Saab volvió a sacudir el tablero político colombiano, no solo por el peso del personaje dentro del engranaje financiero del chavismo, sino por las consecuencias colaterales que su nombre sigue teniendo en Colombia.
Entre ellas, el impacto directo sobre Abelardo de la Espriella, hoy aspirante presidencial y figura visible de la derecha, cuya trayectoria profesional quedó inevitablemente ligada durante años a la del empresario barranquillero.
El vínculo entre ambos no fue episódico ni marginal. Durante buena parte de la década pasada, Saab fue cliente de la firma De la Espriella Lawyers, en un periodo que se extendió aproximadamente entre 2013 y 2019.
En ese lapso, el abogado lo representó en distintos procesos, incluidos asuntos penales relacionados con investigaciones por presunto lavado de activos en Colombia. Esa relación, que el propio De la Espriella reconoció públicamente en su momento, coincidió con una etapa de notable crecimiento económico para su firma jurídica, según registros periodísticos de la época.
De hecho, en 2021, en entrevista con El Espectador, Saab habló de De la Espriella, asegurando: “Ejerció como mi abogado durante unos años y dejó de serlo hace un par de años. Sigue siendo mi amigo y las diferencias políticas no tienen nada que ver con el ejercicio de su profesión”.
La controversia no radica únicamente en la existencia de la relación abogado-cliente —legal en sí misma—, sino en el contexto político que rodeaba a Saab.
Con el paso del tiempo, el empresario fue identificado por autoridades estadounidenses como un operador clave del régimen de Nicolás Maduro y terminó incluido en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro. De la Espriella ha sostenido que fue ese punto de quiebre el que motivó su retiro del caso, asegurando que cortó toda relación cuando Saab fue incorporado a la lista OFAC.
Sin embargo, esa versión ha sido objeto de escrutinio constante. Periodistas y analistas han cuestionado la falta de pruebas documentales que respalden la renuncia formal a la defensa, lo que derivó incluso en enfrentamientos judiciales con comunicadores como Daniel Coronell.
La disputa no prosperó, pero dejó abierta la discusión pública sobre la transparencia del cierre de esa relación profesional, que también ha sido criticada por otra de las periodistas de Cambio, Ana Bejarano.
