*CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PERMISIVA Y FUNDACIÓN BASTIDAS BAJO LA LUPA.
La veeduría ciudadana Unidos por el departamento alerta sobre graves irregularidades en la ejecución del Contrato N.º 47001622024, celebrado entre el ICBF Regional Magdalena y la Fundación Bastidas.
El contrato, por $3.637 millones, debía atender a 1.011 niños, niñas y madres gestantes en Fundación y Aracataca. Sin embargo, la veeduría encontró diferencias entre los registros de beneficiarios en “Cuéntame” y las planillas RAM, supervisión incompleta de las Unidades de Servicio y liberaciones adicionales de $275 millones sin justificación.
A pesar de la gravedad, la Contraloría archivó la denuncia sin verificar los hechos, lo que constituye, según la veeduría, violación de normas de control fiscal y de los principios de moralidad, eficiencia y transparencia. La Procuraduría solo remitió documentos sin pronunciarse sobre el fondo de las irregularidades.
La veeduría “nidos por el Departamento exigió:
* Que la Contraloría revise nuevamente el archivo de la denuncia.
* Que la Procuraduría emita respuesta clara, motivada y de fondo.
* Informe de las actuaciones disciplinarias frente a los funcionarios involucrados.
* Garantía de preservación de pruebas y documentos, evitando destrucción o alteración.
“Los recursos destinados a los niños y madres gestantes no pueden quedar en manos de la opacidad y la permisividad”, afirmó la veeduría.
Expertos y organizaciones ciudadanas advierten que la falta de control pone en riesgo la correcta destinación de los recursos y debilita la confianza en las entidades de control.
¿DÓNDE ESTÁN LOS NIÑOS? ¿DÓNDE ESTÁ LA CONTRALORÍA? Preguntas que claman por respuestas inmediatas ante la alarma ciudadana. La veeduría exige transparencia total y rendición de cuentas inmediata.
